jueves, 25 de agosto de 2016

El Sobreseimiento en Materia de Tierras y Penal

En el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana ni en la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario se establece claramente en cuáles casos es necesario sobreseer la instancia, esto trae como consecuencia la discusión que hace que en los casos planteados los Jueces lo resuelvan en algunas ocasiones conforme su libre apreciación atribuido por la Jurisprudencia[1], la cual ha hecho aportes importantes al tema como veremos más abajo, hasta el punto de señalar en cuales casos procede el sobreseimiento.

En torno al sobreseimiento, el autor Segundo Monción[2], nos presenta un caso que puede parecer sencillo, pero nos arroja luz sobre el presente proceso y a la procedencia e importancia de la solicitud de sobreseimiento del mismo cuando establece que:

 También procede el sobreseimiento, cuando ante la Jurisdicción Inmobiliaria se está demandando la inclusión de herederos y ante la Jurisdicción Civil Ordinaria el mismo que solicita la inclusión ante el Tribunal de Tierras, está demandando por ante esa Jurisdicción en reconocimiento de paternidad, una demanda en filiación; ES EVIDENTE QUE SI UNA DE LAS PARTES SOLICITA EL SOBRESEIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA, HASTA QUE HAYA UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL JUEZ O LOS JUECES DEBEN ACOGERLO COMO UNA FORMA DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL INCIDENTE DE SOBRESEIMIENTO DEBE PLANTEARSE ANTE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA.  (Énfasis nuestro).

Sobre el mismo tema del sobreseimiento y su finalidad el señalado autor Segundo Monción[3] nos sigue expresando que:

El sobreseimiento de estatuir no desapodera al Juez, cuando cesan las causas que le dio origen, la instancia es perseguida por una de las partes y el proceso continúa, es por estas causas, que el sobreseimiento suspende la instancia.

Continuando con otro importante ejemplo de cuando el Tribunal de Jurisdicción Original debe sobreseer, el señalado autor nos expresa que[4]:

TAMBIÉN CUANDO LA CÁMARA CIVIL ORDINARIA ESTÁ APODERADA PARA CONOCER LA NULIDAD DE UN ACTO DE VENTA que se refiere a un terreno registrado, pero que como ese acto no se había ejecutado en la Oficina de Registro de Títulos, era de la competencia de ese Tribunal conocer de la nulidad; y el Tribunal de Tierras fue apoderado para conocer de la ejecución de ese mismo acto. ES EVIDENTE, QUE EN ESE CASO ESPECÍFICO, LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA DEBE SOBRESEER LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DEL REFERIDO ACTO, PARA EVITAR CONTRADICCIÓN DE SENTENCIA, PORQUE SI HAY UNA SENTENCIA QUE DECLARA NULO ESE ACTO, NO PUEDE SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA EN NINGÚN TRIBUNAL.

ESTE ES UN PRINCIPIO GENERAL; LOS ACTOS O DOCUMENTOS QUE HAN SIDO DECLARADOS NULOS POR SENTENCIA DE UN TRIBUNAL, ESTÁN DESCARTADOS COMO PRUEBA EN LOS TRIBUNALES (Énfasis nuestro).

El Tribunal por ante el cual se solicita el sobreseimiento no tiene la obligación de hacer un análisis detallado de forma y de fondo de la instancia o acción que apodera otro Tribunal de una cuestión prejudicial que genera la necesidad de un sobreseimiento, tal y como ha establecido la Jurisprudencia Dominicana, a saber:

En un juicio penal sobre violación de propiedad, si el inculpado promueve litis ante el Tribunal de Tierras en reclamación del derecho sobre las mejoras fomentadas por él, ESO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO SERIO QUE OBLIGA AL JUEZ DE LO PENAL A ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO, SIN QUE DEBA ESTUDIAR LA PROCEDENCIA DE LA OTRA LITIS[5] (Énfasis nuestro).

No obstante a que las partes concluya al fondo, con la finalidad de producir una decisión justa y útil para las mismas, los Tribunales deben y puede perfectamente darle una solución previa a la solicitud de sobreseimiento, y luego de resuelta esa cuestión prejudicial, ponderar las demás cuestiones planteadas, sobre el fondo, tal y como lo expresa la Jurisprudencia cuando establece que:

LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS CUESTIONES INCIDENTALES (AQUÍ UN PEDIMENTO DE SOBRESEIMIENTO) DEBAN SER RESUELTAS PREVIAMENTE AL FONDO no significa que ambos aspectos tienen que ser decididos en otras tantas sentencias. Pueden serlo en una sola sentencia, pero por disposiciones distintas[6] (Énfasis nuestro).

Y es que cada vez que exista una cuestión prejudicial que influya de manera importante sobre el destino del proceso como ocurre en el caso que nos ocupa, la opción más prudente es ordenar el sobreseimiento si se pretende lograr una sana administración de justicia como podemos ver que ha sido fallado por nuestra Jurisprudencia de manera reiterada:

Es apelable la sentencia que ordena EL SOBRESEIMIENTO DE LA VENTA Y ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE EMBARGADO HASTA TANTO SE RESUELVA UNA ACCIÓN DE NULIDAD DEL DOCUMENTO QUE SIRVIÓ DE TÍTULO AL EMBARGADO…[7](Énfasis nuestro).

… Cuando la sentencia apelada, que fue dictada in voce, consiste en reservarse el fallo sobre un incidente de nueva comunicación de documentos y UN SOBRESEIMIENTO DE UNA DEMANDA EN NULIDAD DE EMBARGO, no se cumple con el requisito del Artículo 473 del Código Procedimiento Civil, porque el tribunal de primer grado no ha estatuido de manera definitiva sobre un incidente, sino dictado una sentencia preparatoria[8] (Énfasis nuestro).

Aportando más aún, cuando existe otro Tribunal apoderado de una acción o recurso que tenga implicaciones en desarrollo del proceso que se está conociendo, nuestra Jurisprudencia ha sido clara al establecer que lo que procede es sobreseer el proceso hasta tanto se decida la suerte de dicha acción o recurso, veamos: 

Se elevó recurso de casación contra sentencia que fijó nueva audiencia para conocer del fondo y de la incompetencia. EL JUEZ A-QUO OBRÓ CORRECTAMENTE AL ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA MIENTRAS DURE EL RECURSO[9] (Énfasis nuestro).

La demanda en rescisión de un contrato de inquilinato, desalojo y cobro de alquileres es una acción personal de la competencia de los tribunales ordinarios, aun cuando el inmueble esté registrado. EL HECHO DE QUE EXISTA OTRA LITIS ENTRE LAS PARTES ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRAS no despoja a los Tribunales Comunes de su competencia, sino que a lo sumo PODRÍA MOTIVAR EL SOBRESEIMIENTO[10] (Énfasis nuestro).

El Juzgado de Paz se declaró “incompetente” para conocer del desalojo hasta que el Tribunal de Primera Instancia hubiese fallado sobre la propiedad. SE TRATA DE UN SOBRESEIMIENTO y el recurso apropiado no es la impugnación (le contredit) sino la apelación[11] (Énfasis nuestro).

En conclusión, como puede verse la solicitud de sobreseimiento procede perfectamente en todas las materias, ya que como bien ha establecido la Jurisprudencia:

El sobreseimiento procede cuando existe una cuestión prejudicial, esto es, cuando un punto de derecho de la cuestión debe ser juzgado por otra jurisdicción, como aquella que conoce del asunto principal, que es la que debe sobreseer y reenviar al Tribunal competente el punto a decidir en primer término y de cuya solución, además, depende la suerte del proceso[12].




[1] Monción, Segundo, La Litis, Los Incidentes y la Demanda en Referimiento en la Jurisdicción Inmobiliaria, Formularios y Jurisprudencia, Tercera Edición, Editora Centenario, S. A., Santo Domingo 2015, p. 299.
[2] Monción, Segundo, Op. Cit., p. 299-300.
[3] Ídem., p. 300.
[4] Ídem.
[5] B. J. 728.2150. Headrick, William, Compendio Jurídico Dominicano, Segunda Edición, Santo Domingo, 2000, p. 450.
[6] B.J.902.30 Headrick, William, Op. Cit., p. 308.
[7] B. J. 827.2040. Headrick, William, Ídem., p. 30.
[8] B. J. 1054.87; B. J. 825.1443. Headrick, William, Ídem., p. 32.
[9] B. J. 860.1088. Headrick, William, Op. Cit., p. 105.
[10] B. J. 884.1675. Headrick, William, Ídem., p. 135.
[11] B. J. 875.3382. Headrick, William, Ídem., p. 469.
[12] Cas. Septiembre, B. J. 1054, Vol. I, p.104.

La Exigencia de la Formulación Precisa de Cargos

La norma contenida en el Artículo 19 del Código Procesal Penal Dominicano sobre el requerimiento de la formulación precisa de cargos contempla lo siguiente:

Artículo 19.- Formulación precisa de cargos. Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra.

También dicha protección es consagrada en la norma contenida en el numeral 1 del Artículo 95 del Código Procesal Penal Dominicano que consagra lo siguiente:

Artículo 95.- Derecho.- Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a:
1) Ser informado del hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplicables.

Este criterio es reafirmado por nuestra Suprema Corte de Justicia cuando expresa que: "Considerando , que entre los principios rectores o fundamentales del debido proceso penal, está la formulación precisa de cargos, garantía que establece que toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra desde que se le señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible"[1].

En lo concerniente a la exigencia a cargo de la acusadora de la formulación precisa de cargos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia de fecha 11 de 2016, afirmó lo siguiente:

Considerando, que la formulación precisa de cargos o principio de imputación objetiva, es uno de los principios fundamentales del proceso penal, conforme establece el artículo 19 del Código Procesal Penal y se enmarca dentro del cuadro de derechos garantizados por la Constitución[2];

Considerando, que el artículo 19 del Código Procesal Penal, expresa lo siguiente: “Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra”; …

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se colige que la acusación no puede sustentarse solo en la enunciación de los artículos y textos violados;

Considerando, que de la lectura y análisis de la acusación presentada por la parte querellante, esta Segunda Sala ha podido constatar tal y como aduce la Corte a-qua en la decisión impugnada, que la misma no cumple con los requisitos establecidos en la norma, en razón de que no está debidamente fundamentada, pues no hace un relato circunstanciado en toda su extensión de los hechos, que permitan establecer la vinculación de los imputados con el supuesto hecho punible, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de los jueces poder valorar la ocurrencia de los hechos endilgados a la parte imputada;

Considerando, que siendo así las cosas se incurre en violación al derecho de defensa y la igualdad entre las partes, derechos consagrados en la Constitución, toda vez que los imputados tienen el derecho a saber de manera concreta de que están siendo acusados para así preparar sus medios de defensa y que de esta manera sea garantizado el debido proceso;

Asimismo, mediante sentencia número 206, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 19 de agosto de 2015, se estableció que:

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida se advierte que la misma se encuentra debidamente motivada ya que al declarar la inadmisibilidad de la acusación formulada por Antia Parra Duarte contra la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L. y los señores José Iván Federico García e Iván Esteban García Godoy, observó la existencia de un desistimiento tácito en contra de este último por no solicitarle condenación y una incorrecta estructuración del plano fáctico sobre los hechos endilgados a la parte imputada, toda vez que la acusación se basó en un cheque distinto al desarrollado en sus conclusiones y no describió de manera clara y precisa cuál fue la participación directa del imputado José Iván Federico García, ni mucho menos cuál era el vínculo de cada una de las personas físicas con la razón social;

Considerando, que de lo anteriormente expuesto se colige que el Tribunal a-quo fundamentó su decisión en el conocimiento de los pedimentos realizados por la defensa tendentes a la inadmisibilidad de la acusación privada formulada por la parte agraviada; en consecuencia, la decisión adoptada fue apegada al derecho; por lo que no se advierten los vicios denunciados por el recurrente.

En su obra titulada La Defensa Penal: Una visión desde los principios fundamentales, el autor
Eric Raful Pérez abordando el tema de la formulación precisa de cargos afirma lo siguiente:

Este principio es, sin ningún lugar a dudas, uno de los más transcendentes del proceso penal en el contexto del derecho de defensa. La tradición autoritaria que a escala mundial, en mayor o menor medida en función de las particularidades de cada caso, se caracteriza por la práctica de acusar por acusar, tiene de frente este principio; un obstáculo muy importante en la medida que obliga a quien acusa, siempre y cuando lo respete, a realizar previamente una investigación profunda y adecuada de la cual puede surgir una acusación que cumpla con los requisitos que de la observancia de este principio se desprenden en forma de exigencias puntuales sancionadas con nulidad.

De igual forma, este autor nos señala el amplio fundamento constitucional y legal que sustenta este principio cuando dice que:

El principio emana igualmente del bloque de constitucionalidad, pues su fundamento legal parte del contenido de los artículos 7.4 y 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, estando esta garantía contenida en los artículos 9.2 y 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 8.2 j) de nuestra Constitución. Estos instrumentos integrantes de nuestro “bloque de constitucionalidad” establecen con relación a este principio lo siguiente:

Artículo 7.4.- Derecho a la libertad personal – “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.”
Artículo 8.2. b.- Garantías Judiciales – “... comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.”
Artículo 9.2.- Principio de Legalidad y de Retroactividad – “Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.”
Artículo 14.3.- Derecho de Rectificación o Repuesta “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c. A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
Artículo 8.2. j) – “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres.”[3].

En este mismo orden de ideas, Raful Pérez sobre el tema de la formulación precisa de cargos y el derecho de defensa afirma lo siguiente:

La formulación precisa de cargos es consustancial al derecho de defensa toda vez que la primera es condición indispensable para un adecuado ejercicio del segundo. Como hemos señalado precedentemente, el derecho de defensa para su realización debe poder materializarse, en toda su dimensión histórica y legal, desde que se le acuse o señale a un imputado como participe de un hecho sancionado penalmente[4].

Sobre la exigencia de la ya citada norma contenida en el Artículo 95.1 del Código Procesal Penal Dominicano vinculado con la formulación preciso de cargos también se ha expresado que:

Llama poderosamente la atención el contenido del artículo 95.1 del Código Procesal Penal cuando condiciona la acusación al hecho de que la relación de los acontecimientos y pruebas sea precisa y circunstanciada. Es la forma en que la ley adjetiva en República Dominicana ha asumido la Convención Americana de Derechos Humanos para “traducir” al país, de alguna manera, los mandatos de la Convención que versan sobre el derecho de imputados a la comunicación “previa y detallada” de la acusación.

Producto del tránsito en la valoración de pruebas del sistema de la íntima convicción a la sana crítica deviene en mas rigurosa y precisa la necesidad de refutación de los hechos y circunstancias que dan sentido a una acusación. De la precisión y detalle en la formulación de cargos se pasa a los mismos requisitos para la contra argumentación; si los cargos son planteados precisa y circunstanciadamente más fácil será la posibilidad de respuestas, si la hay, o de explicación, si la situación es otra: ya se sabe que pruebas procurar o que argumentos elaborar[5] (Énfasis nuestro).

El autor Julio B. J. Maier al analizar el alcance de este principio y exigencia de la formulación precisa de cargos lo incluye como un aspecto esencial del derecho de defensa cuando señala que:

Nadie puede defenderse de algo que no conoce... En verdad, tendrá ningún sentido expresar el derecho de ser oído, ni regular pormenorizadamente la necesidad de una imputación correcta para la vida, si no se previera el deber de comunicar al perseguido la imputación que a él se le dirige. Como se trata de hacer conocer la imputación, el acto por el cual se la íntima debe reunir las mismas calidades que advirtiéramos para aquella; debe consistir, así, en la noticia integra, clara, precisa y circunstanciada del hecho concreto que se atribuye al imputado. No se cumple esta condición de validez si solo se advierte sobre la ley penal supuestamente infringida, o se da noticia del nomen iuris del hecho punible imputado, o se recurre, para cumplir la condición, a conceptos o abstracciones que no describen concretamente la acción u omisión atribuida, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la definen como un comportamiento singular de la vida del imputado (por ej. Se apoderó de una cosa mueble ajena); de la misma manera, no se observa la exigencia (integra o completa) si resultan omitidas circunstancias o elementos que caracterizan jurídicamente a la imputación.

Raful Pérez nos presenta el criterio del Tribunal Constitucional de España mediante las cuales se ha resaltado en varias decisiones la utilidad o “función esencial” de la formulación precisa de cargos. En estas sentencias de 1991 y 1993 se fijó el siguiente razonamiento:

La función esencial de la formulación precisa de cargos es “impedir un proceso penal inquisitivo que se compadece mal con un sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, proscribiendo, en consecuencia, la situación del hombre que se sabe sometido a un proceso pero ignora de que se le acusa.

También mediante la Resolución Número 1920-2003, se ha establecido con relación al principio de la formulación precisa de cargos y con la finalidad de garantizar el derecho de defensa que:

Para satisfacer el voto de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entorno a la garantía del procesado de conocer la imputación en su contra, es necesario que en los actos encaminados a imputar el hecho se consigne claramente: 1) el hecho, en su contexto histórico, es decir, dejando claro la fecha, hora y lugar de su ocurrencia; 2) las circunstancias del mismo; 3) los medios utilizados; 4) los motivos; y 5) los textos de ley que prohíben y sancionan la conducta descrita en la imputación. En fin, todo elemento que permita al imputado conocer exactamente de qué se le acusa y, en consecuencia, ejercer satisfactoriamente el derecho a defenderse. Lo anterior revela que la acusación no puede fundarse en la enunciación de la denominación legal de la infracción y a la enunciación de los textos que se afirma violados[6].





[1] SCJ, Sentencia número 2, del 3 de Diciembre de 2008. Recurrente: Víctor Euclides Cordero Jiménez.
[2] Sentencia Número 523 de fecha 11 de enero de 2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.
[3] Cabe resaltar que en la vigente Constitución de 2010, la norma similar al antiguo Artículo 8.2.J de la anterior Constitución, es la contemplada en el Artículo 69 que establece lo siguiente:
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;
4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[4] 
Raful Pérez, Eric, La Defensa Penal: Una visión desde los principios fundamentales, Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) y Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), Septiembre 2008, p. 70.
[5] Raful Pérez, Eric, La Defensa Penal: Una visión desde los principios fundamentales, Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) y Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), Septiembre 2008, p. 71.
[6] Camacho Hidalgo, Ignacio P., Código Procesal Penal Anotado, Editora Manatí, Santo Domingo, p. 35